Cuando a principios de éste año recibí el "appel à communication" para el coloquio sobre las paradojas del medio siglo de revolución cubana, me entusiasmó la idea de participar. En ese momento, me decidí por el primero de los dos ejes de reflexión que el comité organizador proponía:
- Quelles sont les permanences et les mutations du processus révolutionnaire ? Comment comprendre les contradictions entraînées par l’immobilisme de la direction politique cubaine, des élites et des cadres, alors que ces mêmes acteurs promeuvent une vision de la révolution comme un processus continu ? Et comment comprendre les évolutions et adaptations nées de cette expérience révolutionnaire et issues des créations et changements venus « du bas » de la société cubaine ?
La fecha tope para enviar la comunicación fue fijada para el 5 de mayo y decidí enviarla antes de mi viaje a China, que comenzaba el 19 de abril. A continuación les presento mi proposición de comunicación:
« La vivienda en Cuba hoy, un meollo en la vida cotidiana »
La situación actual de la vivienda en Cuba es la herencia de un largo proceso que comenzó cuando todavía la isla era colonia española y que fue evolucionando e involucionando en función de las políticas sociales puestas en marcha escalonadamente. La herencia la más catastrófica fue aquella que legó la “reconcentración” llevada a cabo durante la guerra de independencia, por el gobierno militar español. En efecto, la guerra por la independencia de Cuba, exacerba la crueldad de los militares españoles deseosos de aislar las tropas “mambisas” de la población civil. El fin de la tutela colonial española y el advenimiento de la República, no condujeron a la erradicación del flagelo del déficit y de la precariedad de la vivienda, particularmente agudo en las ciudades y también en los pueblos importantes del territorio cubano. A pesar del estatuto de República obtenido cuatro años después de la independencia, Cuba heredó la libertad de los contratos de alquiler de las viviendas, estipulado en el Código Civil español en vigor en la isla. Durante los cincuenta primeros años de la República los problemas no fueron resueltos.
Durante el periodo pre-revolucionario, de 1952 a 1959, la facilidad de las gestiones de acceso a la propiedad, favorecieron considerablemente a las clases sociales en condiciones de pagar alquileres elevados, las hipotecas inmobiliarias e incluso la compra de bienes inmuebles. En lo que concierne a los estratos los más pobres de la sociedad, la accesión a la propiedad de una vivienda era una operación imposible, y esto traía como consecuencia, la instalación de una precariedad del habitat tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En las ciudades, la seguridad de los alquileres era incierta, y los inquilinos arrendatarios podían ser expulsados de las casas, de los apartamentos y de las habitaciones bajo orden judicial. En el campo, los campesinos pobres, los jornaleros, eran expulsados de las tierras arrendadas a los colonos, y sus “bohíos” miserables, eran quemados por la “guardia rural” a pedido del propietario latifundista. Los conflictos entre las clases sociales que se manifiestan de manera extendida en la situación de la vivienda, fueron denunciados en los programas de la lucha revolucionaria. El censo de la población realizado en 1953 fue una constatación de la problemática real de la vivienda en Cuba y confirmó igualmente el conflicto latente respecto al acceso a una vivienda decorosa, la desigualdad patente entre arrendatarios y “casatenientes”, las malas condiciones de habitabilidad de una amplia capa de la población así como la dicotomía aguda entre el habitat rural y el habitat urbano. En efecto, en 1953, el 78% de las viviendas en Cuba no estaban ocupadas por sus propietarios, y un número considerable de esas viviendas carecían de las condiciones de habitabilidad necesaria.
En 1959 se puso en marcha el programa de reforma de la vivienda y respondió favorablemente a las demandas sociales desde los primeros meses de gobierno. Considerando que solamente el 22% de las viviendas estaban ocupadas por sus propietarios, la reducción de los alquileres favoreció al 78% de las viviendas ocupadas por las familias arrendatarias. El primero de una serie de conflictos sale a la luz con la entrada en vigor de las leyes revolucionarias de política urbana y de vivienda. Los propietarios arrendadores no vieron con buen ojo la medida, y los diferendos con las autoridades así como entre propietarios y arrendatarios se multiplicaron. La Ley de Reforma Urbana de 1960 generó un nuevo conflicto. Esta ley permitió en efecto que todos los inmuebles urbanos que no estaban ocupados por sus propietarios se transferían en propiedad a sus ocupantes, mediante el pago del precio legal del inmueble, a través de mensualidades equivalentes a un alquiler, a efectuar en las oficinas de Reforma Urbana. El conflicto se agrava, entre el gobierno revolucionario y los propietarios arrendadores, y evidentemente entre los antiguos propietarios y los nuevos beneficiarios de la propiedad de la vivienda. Considerando esta situación, la evolución de la ley de reforma urbana aumenta los litigios respecto a todo lo concerniente a la propiedad. Las leyes se redactaban en función de la evolución política interna de la isla y comenzaron a restringir todas las posibilidades del uso del único bien inmueble autorizado por los funcionarios de Reforma Urbana que controlaban con celo la política de vivienda del gobierno revolucionario. Una vez desaparecida la propiedad privada de la vivienda, el estado se impuso como el único actor del monopolio inmobiliario, y la política de Reforma Urbana se estancó. La promulgación en 1984 de una Ley General de la Vivienda puso fin al inmovilismo de la política de la propiedad y tuvo en cuenta la existencia de la propiedad de la vivienda, pero siguiendo el modelo soviético, es decir, la “propiedad personal” de la vivienda.
Esta ley de 1984 fue sustituida por la Ley de 1988, con el objetivo de subsanar los errores cometidos en política habitacional durante esos cuatro años y de modernizar el acceso a la propiedad en un país cuyas estadísticas anunciaban que el 50% de las familias cubanas eran propietarias de la vivienda que ocupaban. La imposibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda así como la imposibilidad de disponer de un bien en plena propiedad, genera litigios recurrentes en el seno de la sociedad cubana. Esos conflictos son una amenaza que puede explotar en un periodo incierto. El detonador podría ser la reclamación de propiedades expropiadas o confiscadas. En efecto, esas reclamaciones pueden ser presentadas no solamente por los cubanos afectados por las leyes revolucionarias que emigraron a partir de 1959, sino igualmente por los cubanos afectados que se quedaron a vivir en la isla. A pesar de todo este proceso revolucionario de políticas y de reformas urbanas, la propiedad de la vivienda en Cuba es frágil e incierta, y al mismo tiempo, fuente de conflictos. La situación actual, tanto de déficit como de precariedad, lejos de mejorar, se acentúa y el uso de la ilegalidad para instalarse y acceder a una vivienda, conduce a una forma particular de propiedad, una casi-propiedad, que abre las puertas a todas las dudas, evidentemente hoy, pero sobretodo cuando en el proceso de reformas que se imponen en el país, la situación de la vivienda se sitúe al centro de otra de las problemáticas de la vida cotidiana de los cubanos.
- Quelles sont les permanences et les mutations du processus révolutionnaire ? Comment comprendre les contradictions entraînées par l’immobilisme de la direction politique cubaine, des élites et des cadres, alors que ces mêmes acteurs promeuvent une vision de la révolution comme un processus continu ? Et comment comprendre les évolutions et adaptations nées de cette expérience révolutionnaire et issues des créations et changements venus « du bas » de la société cubaine ?
La fecha tope para enviar la comunicación fue fijada para el 5 de mayo y decidí enviarla antes de mi viaje a China, que comenzaba el 19 de abril. A continuación les presento mi proposición de comunicación:
« La vivienda en Cuba hoy, un meollo en la vida cotidiana »
La situación actual de la vivienda en Cuba es la herencia de un largo proceso que comenzó cuando todavía la isla era colonia española y que fue evolucionando e involucionando en función de las políticas sociales puestas en marcha escalonadamente. La herencia la más catastrófica fue aquella que legó la “reconcentración” llevada a cabo durante la guerra de independencia, por el gobierno militar español. En efecto, la guerra por la independencia de Cuba, exacerba la crueldad de los militares españoles deseosos de aislar las tropas “mambisas” de la población civil. El fin de la tutela colonial española y el advenimiento de la República, no condujeron a la erradicación del flagelo del déficit y de la precariedad de la vivienda, particularmente agudo en las ciudades y también en los pueblos importantes del territorio cubano. A pesar del estatuto de República obtenido cuatro años después de la independencia, Cuba heredó la libertad de los contratos de alquiler de las viviendas, estipulado en el Código Civil español en vigor en la isla. Durante los cincuenta primeros años de la República los problemas no fueron resueltos.
Durante el periodo pre-revolucionario, de 1952 a 1959, la facilidad de las gestiones de acceso a la propiedad, favorecieron considerablemente a las clases sociales en condiciones de pagar alquileres elevados, las hipotecas inmobiliarias e incluso la compra de bienes inmuebles. En lo que concierne a los estratos los más pobres de la sociedad, la accesión a la propiedad de una vivienda era una operación imposible, y esto traía como consecuencia, la instalación de una precariedad del habitat tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En las ciudades, la seguridad de los alquileres era incierta, y los inquilinos arrendatarios podían ser expulsados de las casas, de los apartamentos y de las habitaciones bajo orden judicial. En el campo, los campesinos pobres, los jornaleros, eran expulsados de las tierras arrendadas a los colonos, y sus “bohíos” miserables, eran quemados por la “guardia rural” a pedido del propietario latifundista. Los conflictos entre las clases sociales que se manifiestan de manera extendida en la situación de la vivienda, fueron denunciados en los programas de la lucha revolucionaria. El censo de la población realizado en 1953 fue una constatación de la problemática real de la vivienda en Cuba y confirmó igualmente el conflicto latente respecto al acceso a una vivienda decorosa, la desigualdad patente entre arrendatarios y “casatenientes”, las malas condiciones de habitabilidad de una amplia capa de la población así como la dicotomía aguda entre el habitat rural y el habitat urbano. En efecto, en 1953, el 78% de las viviendas en Cuba no estaban ocupadas por sus propietarios, y un número considerable de esas viviendas carecían de las condiciones de habitabilidad necesaria.
En 1959 se puso en marcha el programa de reforma de la vivienda y respondió favorablemente a las demandas sociales desde los primeros meses de gobierno. Considerando que solamente el 22% de las viviendas estaban ocupadas por sus propietarios, la reducción de los alquileres favoreció al 78% de las viviendas ocupadas por las familias arrendatarias. El primero de una serie de conflictos sale a la luz con la entrada en vigor de las leyes revolucionarias de política urbana y de vivienda. Los propietarios arrendadores no vieron con buen ojo la medida, y los diferendos con las autoridades así como entre propietarios y arrendatarios se multiplicaron. La Ley de Reforma Urbana de 1960 generó un nuevo conflicto. Esta ley permitió en efecto que todos los inmuebles urbanos que no estaban ocupados por sus propietarios se transferían en propiedad a sus ocupantes, mediante el pago del precio legal del inmueble, a través de mensualidades equivalentes a un alquiler, a efectuar en las oficinas de Reforma Urbana. El conflicto se agrava, entre el gobierno revolucionario y los propietarios arrendadores, y evidentemente entre los antiguos propietarios y los nuevos beneficiarios de la propiedad de la vivienda. Considerando esta situación, la evolución de la ley de reforma urbana aumenta los litigios respecto a todo lo concerniente a la propiedad. Las leyes se redactaban en función de la evolución política interna de la isla y comenzaron a restringir todas las posibilidades del uso del único bien inmueble autorizado por los funcionarios de Reforma Urbana que controlaban con celo la política de vivienda del gobierno revolucionario. Una vez desaparecida la propiedad privada de la vivienda, el estado se impuso como el único actor del monopolio inmobiliario, y la política de Reforma Urbana se estancó. La promulgación en 1984 de una Ley General de la Vivienda puso fin al inmovilismo de la política de la propiedad y tuvo en cuenta la existencia de la propiedad de la vivienda, pero siguiendo el modelo soviético, es decir, la “propiedad personal” de la vivienda.
Esta ley de 1984 fue sustituida por la Ley de 1988, con el objetivo de subsanar los errores cometidos en política habitacional durante esos cuatro años y de modernizar el acceso a la propiedad en un país cuyas estadísticas anunciaban que el 50% de las familias cubanas eran propietarias de la vivienda que ocupaban. La imposibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda así como la imposibilidad de disponer de un bien en plena propiedad, genera litigios recurrentes en el seno de la sociedad cubana. Esos conflictos son una amenaza que puede explotar en un periodo incierto. El detonador podría ser la reclamación de propiedades expropiadas o confiscadas. En efecto, esas reclamaciones pueden ser presentadas no solamente por los cubanos afectados por las leyes revolucionarias que emigraron a partir de 1959, sino igualmente por los cubanos afectados que se quedaron a vivir en la isla. A pesar de todo este proceso revolucionario de políticas y de reformas urbanas, la propiedad de la vivienda en Cuba es frágil e incierta, y al mismo tiempo, fuente de conflictos. La situación actual, tanto de déficit como de precariedad, lejos de mejorar, se acentúa y el uso de la ilegalidad para instalarse y acceder a una vivienda, conduce a una forma particular de propiedad, una casi-propiedad, que abre las puertas a todas las dudas, evidentemente hoy, pero sobretodo cuando en el proceso de reformas que se imponen en el país, la situación de la vivienda se sitúe al centro de otra de las problemáticas de la vida cotidiana de los cubanos.
Puedo asegurar que una vez enviada la proposición, no quise pensar más. Cierto, creí que un tema como el de la problemática de la vivienda, que es además mi sujeto de investigación doctoral, sería bien aceptado por el comité organizador. Pero me equivoqué. El 14 de junio, recibí un mail de Violaine Jolivet, doctorante en la UMR PRODIG/ Université Paris I, una de las tres organizadoras del coloquio junto a Marie-Laure Geoffray, también doctorante pero del Instituto de Estudios Políticos de Paris (IEP) y Silvina Testa, post-doctorante en el Centro Internacional de Investigación sobre la Esclavitud, anunciándome que mi comunicación no había sido retenida entre las numerosas proposiciones enviadas. Claro que me cayó como un golpe “a boca de jarro” pero podía esperarme ese rechazo, creo que hay gente que puede estar mejor preparada que yo para decir lo que va y lo que no va de Cuba, aunque no sean cubanos, hayan ido un par de veces a la isla o nunca hayan puesto los pies. Sin embargo, creí que aunque no participara, iría como asistente, para escuchar otras reflexiones, otros análisis, de los cuales puede siempre desprenderse algo interesante.
Todo parece indicar que no reteniendo mi proposición, el comité organizador me “borró” de su listing pues ni tan siquiera tuvo la gentileza de pensar que como cubano y como estudioso de un tema bastante importante, el evento podría interesarme. Gracias a un colega, que recibió el programa, y cuyo tema de investigación no tiene nada que ver con Cuba, pude hacerme una idea de las intervenciones que se desarrollarían en el CERI de la rue Jacob, en Paris. Cuando mi colega me envió el programa, faltaban 22 días para el evento. Me tomo una pausa y los invito a seguir el programa del evento.
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